Las sanciones de hoy de los Estados Unidos a Julio César Avilés, jefe del Ejército y a Iván Acosta, Ministro de Hacienda y Crédito Público, constituyen un respaldo a la lucha de la ciudadanía nicaragüense por la democracia y el respeto a los derechos humanos. Son, en esa misma medida, un contundente golpe a la dictadura de los Ortega Murillo.
Tanto Julio César Avilés como Iván Acosta, han actuado conscientemente como instrumentos del régimen de los Ortega Murillo. El primero se rehusó a ordenar el desarme y el desmantelamiento de fuerzas paramilitares, más bien los armó y facilitó su actuar durante y después de abril de 2018, provocando muerte y dolor entre los nicaragüenses. Por su parte, Acosta, desde su cargo, ha facilitado el apoyo financiero al régimen y ha presionado a distintos sujetos económicos de la vida nacional, a fin de impedir acciones de rechazo a la dictadura
Estas sanciones se suman a las ya aplicadas por los propios Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido, a altos cargos del régimen.
La dictadura de los Ortega Murillo es enemiga de la vida. Lo ha demostrado asesinando a centenares de nicaragüenses en su respuesta represiva a la rebelión cívica ciudadana de abril del 2018, y ahora con su negligente y deliberada actitud criminal ante la pandemia del COVID-19.
En las actuales condiciones, las sanciones de hoy son además un llamado a los oficiales, clases y soldados del ejército, así como a todos los funcionarios y empleados del Estado, actuar no solo en defensa de su propia seguridad y vida, si no de todos los nicaragüenses.
Reiteramos nuestra exigencia de la salida de los Ortega Murillo, por su ilegitimidad y evidente incapacidad de gobernar, y condición para abrir paso a la transición a la democracia.
