La extensión de un período de solicitud de nuevas personerías jurídicas, anunciada por el régimen el día de hoy, no constituye, ni resuelve las reformas de fondo al sistema electoral de Nicaragua. Como hemos venido demandando, la recuperación de la confianza del votante, y las garantías ciudadanas para la realización del ejercicio democrático, sí lo son, así como un nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE) y observación nacional e internacional de forma irrestricta.
Rechazamos la estrategia de la dictadura de no resolver los temas políticos de fondo que ayuden a los nicaragüenses en la búsqueda de soluciones democráticas para salir de la grave crisis de Derechos Humanos e institucional que atravesamos desde el 2018.
La demanda de transparencia en el sistema electoral es clave para acabar con los recurrentes fraudes cometidos por la dictadura. Por ello reiteramos que los verdaderos puntos que deben contenerse en las reformas electorales necesarias deben incluir cambios de Magistrados en el CSE, Padrón Electoral único, despartidizar los organismos electorales, observación nacional e internacional irrestricta, la transmisión y publicación de datos en tiempo real el mismo día de las elecciones y la reactivación de relaciones entre el Estado de Nicaragua y la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Es fundamental despatidizar el actual sistema electoral para erradicar el bipartidismo. Así mismo deben cambiar los procedimientos y requisitos para que agrupaciones políticas puedan conformar alianzas electorales.
La unión de todos los nicaragüenses en torno a una propuesta sólida es fundamental frente a los intentos del régimen de dividir a la oposición nicaragüense. Sin estos cambios de fondo, cualquier personería jurídica otorgada por un CSE fraudulento, estaría manchada por el tradicional zancudismo que tanto daño le ha causado al país.
Demandamos que todo proceso electoral debe llevar liberación plena de los presos políticos, la recuperación de las garantías ciudadanas, que se encuentran en los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019, firmados entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Estado de Nicaragua.
